El Poder Judicial y el Ministerio público vienen
cometiendo una serie de excesos, aplicando con criterios equivocados las
disposiciones dictadas para desmontar la rede del ex asesor presidencial
Vladimiro Montesinos Torres.
El Ministerio público viene cometiendo gravísimo error de
denunciar a particulares por los delitos de cómplices de los delitos de
corrupción de funcionarios, malversación de fondos, peculado y otros, que sólo
pueden ser atribuibles a una persona cuando ostenta la calidad de funcionario público.
Por ello el Código Penal los encuadra dentro del capítulo de delitos cometidos
por funcionarios públicos; un particular no puede cometer esos delitos por su
propia condición, podrá cometer otro delito pero no los delitos imputables a
los funcionarios públicos, que sólo se aplican por la condición que éste
ostenta.
Sin embargo, se vienen formulando denuncias sin ningún
criterio técnico jurídico por parte del Ministerio Público, quienes han
demostrado tener grandes limitaciones en la interpretación y análisis de las
leyes existentes, lo cual al parecer es producto de la presión que ejerce sobre
los fiscales el procurador José Ugaz, lo que pone en grave riesgo no sólo la
credibilidad de la que debe gozar el Ministerio Público como titular de la
investigación, de la acción penal y de la carga de la prueba, sino los procesos
iniciados corren el riesgo de ser archivados o los denunciados de ser
absueltos, por cuanto en la mayoría de los casos según lo ha reconocido el
propio procurador, existen problemas de tipicidad, es decir si el hecho es
atípico no constituye delito, “NULLA PENA NULLA CRIME SIGNE LEGE”.
Lo más grave del caso es que estas denuncias son
amparadas por el Poder Judicial, los cuales optan por lo más fácil que es
aperturar instrucción con mandato de
detención transgrediendo flagrantemente lo dispuesto en el artículo 135º del
Código Procesal Penal y lo dispuesto en el Oficio Circular Nº 01-95-SPCSJ y el
Oficio Circular Nº 007-95-SGCSJC emitidos por la Corte Suprema y la Corte
Superior de Lima, respectivamente, donde se precisa claramente que para dictar
mandato de detención deben de concurrir necesariamente tres requisitos: que
existan suficientes pruebas de la comisión del delito, que la pena a imponerse
sea superior a los cuatro años y que exista peligro procesal; es decir peligro
de fuga, hecho que no sucede en la mayoría de caso, por cuanto disponiendo de
impedimento de salida del país se supera este peligro. Con estas actitudes se
viene violando los principios de favoralidad, de presunción de inocencia, de
excepción de la detención y la libertad como regla.
El ministro de Justicia, Diego García Sayán, reconoció
que en el caso de la hija del procesado Vladimiro Montesinos y la del alcalde
de Miraflores, Luis Bedoya de Vivanco, se cometieron excesos, lo cual es grave
por cuanto tal afirmación proviene del propio representante del Estado y pone
en tela de juicio a nivel internacional la actitud asumida por las autoridades
peruanas que en el Perú deben primar la vigencia de los derechos Humanos, más
aún cuando el primer Ministro ha sido Secretario General de las Naciones
Unidas, y se debe dejar de lado el ensañamiento, la carnicería, la venganza y
la cacería de brujas.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mario
Urrelo, reconoció que las leyes especiales para estos casos conlleva a
situaciones de excesos; de igual manera manifestó se respetará el principio del
juez natural para todo tipo de procesos, hecho que posteriormente ha sido
desacatado por el presidente de la Corte Superior de Lima al nombrar jueces
especiales y una sala especial para los casos vinculados al procesado
Montesinos, trasladando los procesos y los expedientes de juzgados en juzgados.
Al parecer esto habría sido la causa para que lo separen
del ejercicio de la presidencia como pretexto de una beca en el exterior. Sin
embargo, fuentes bien informadas señalan que esta supuesta capacitación de
salas obedecerían a que sobre él no podía ejercer presión el procurador Ugaz
para manejar los procesos según su capricho conjuntamente con el ministro
García Sayán.
Connotados penalistas, como Luis Lamas Puccio, Javier
Villa Stein, Luis Roy Freire, han deplorado la actitud del Ministerio Público,
que sin tener mayores elementos de juicio valorativos de tipicidad, formula
denuncias penales, las cuales no tiene ningún sustento jurídico.
Es deplorable la actitud del procurador Ugaz, que un día
adelanta opinión, al día siguiente cambia su versión, y al tercer día señala
una tercera versión sobre el mismo caso, contraviniendo flagrantemente lo
dispuesto por nuestra Constitución Política del Estado, en el sentido de que
toda persona se considera inocente mientras no se haya probado su culpabilidad,
y esta sólo se logra al término del proceso penal y mas no antes. La función
del procurador parte civil es la de proteger los intereses del estado y mas no
convertirse en protagonista principal de una telenovela con guiones
preestablecidos y manejados desde el Ministerio de Justicia para perjudicar a
unos y favorecer a otros. Al arecer se han cambiado de nombres, pero no de
estilo y el ministro García Sayán cada día está más cerca de ser el Vladimiro
Montesinos del régimen de transición que preside el doctor Valentín Paniagua,
quien con su silencio avala cada uno de estos hechos.
No estamos pidiendo que no se investigue y que no se
castiguen los actos de corrupción debidamente probados, lo que la ciudadanía
exige es una investigación seria, transparente sin aprovechamiento político,
sin ánimo de figurar, sin presión del Parlamento, sin pretexto de investigar
cuando los casos ya están en el Poder Judicial, que se traigan a los verdaderos
responsables, que se extradite al ex presidente Fujimori y se ubique al ex
asesor presidencial Vladimiro Montesinos, que se levante sus cuentas bancarias,
que se muestren las cuentas que se dicen que existen sobre el narcotráfico,
lavado de dinero, tráfico de armas, extorsión; en tanto no se produzca ello
sólo se están arrojando a la arena a los menos implicados o los que han tenido
una participación menor para que sean devorados por las fieras al igual que el
circo romano, y en tanto siga la función de los principales responsables no hay
nada.
Julio César Castiglioni Ghiglino
EXPRESO, 21 DE ABRIL DE 2001
No hay comentarios:
Publicar un comentario