DISPOSICIONES
MUNICIPALES
AUTONOMÍA
MUNICIPAL
Dentro de la estructura constitucional del Estado
Peruano, la constitución de 1993 ha establecido en el artículo 43º que el
gobierno es unitario, representando y descentralizado, así como el artículo
189º señala que el territorio de la República está integrado por regiones,
departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye
y organiza el gobierno, preservando la unidad e integridad del Estado y la
Nación.
Las municipalidades al construir por excelencia los
organismos de gobierno descentralizado, gozan de autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su
competencia, según el artículo 194º de la Constitución, así como el artículo II
del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, es
decir que la decisión del poder constituyente de otorgar autonomía municipal es
una garantía institucional, es decir que la decisión del poder constituyente de
otorgar autonomía municipal es una garantía institucional que no puede ser
vulnerada por las normas de los poderes constituidos.
La descentralización política reposa en un instituto
jurídico fundamental como es la autonomía; la misma que no supone la subordinación
municipal al gobierno central, por cuanto, los gobiernos locales no constituyen
agencias dependientes del gobierno central. De tal modo que la esencia de la
autonomía radica en la potestad que tiene una entidad pública de darse leyes en
sentido material, destinadas a formar parte del ordenamiento jurídico estatal.
La esencia de la autonomía municipal está
constituida por la unión de tres elementos, ninguno de los cuales puede ser
suprimido sin perjuicio de la integridad
de dicho poder. Estos elementos están constituidos en primer lugar por la
capacidad política; que es la atribución que tienen para elegir sus propias
autoridades y dación de sus propias normas dentro de su jurisdicción y
competencia. La capacidad administrativa, que es la de organizarse internamente,
de brindar los servicios públicos locales y la prestación de tales servicios.
La capacidad económica, es atribuida a la capacidad de creación de rentas e
inversión de las mismas así como administrarlas, y aprobar su propio
presupuesto.
Al respecto, el fundamento Nº 06 de la Sentencia del
Tribunal Constitucional, Expediente Nº 007-2001-AI/TC señala lo siguiente: “Por
otra parte, debe tenerse en cuenta que, aunque la autonomía concedida a los
gobiernos municipales les permite desenvolverse con plena libertad en los
aspectos administrativos, económicos y políticos (entre ellos, los
legislativos), la misma no supone autarquía funcional al extremo de que, de
alguna de sus competencias, pueda desprenderse desvinculación parcial o total
del sistema político o del propio orden jurídico en el que se encuentra inmerso
cada gobierno municipal. En consecuencia, no porque un organismo sea autónomo
deja de pertenecer al Estado, pues sigue dentro de él y, como tal, no puede
apartarse del esquema jurídico y político que le sirve de fundamento a éste y,
por supuesto, a aquél”.
El articulo II de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de
Municipalidades señala : “Los gobiernos locales gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia La autonomía que la
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico”.
La autonomía municipal es un derecho de la comunidad
local a participar a través de sus órganos propios el gobierno y administración
de cuantos asuntos le atañen, ese hecho radica en el derecho al autogobierno en
todos aquellos supuestos en los que se vean comprometidos o afectadas
necesidades de la comunidad local.
EL
SISTEMA TRIBUTARIO EN LA CONSTITUCIÓN.
La Constitución Política del Perú, en su artículo
43º declara que el gobierno de la República del Perú es unitario representativo
y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de
poderes.
La propia Constitución determina como se encuentra
distribuida los distintos niveles de gobierno de Estado. De esta manera, la
Carta Magna establece quienes detentan la potestad o poder tributario, así como
las competencias y atribuciones de cada uno de estos niveles de gobierno.
En nuestra legislación nacional el poder tributario
se encuentra regulado en el artículo 74º de la Constitución Política de 1993.
Este artículo otorga poder tributario a los gobiernos locales. Los alcances de
este poder tributario reconocido a los gobiernos locales, les permite: “Crear,
modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de estas o exonerar de
éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley”.
A este efecto, el artículo 74º de la Constitución permite establecer algunos
parámetros o requisitos para el ejercicio del poder tributario del gobierno
local, pero no introducir elementos que eliminen o menoscaben las facultades de
estos entes para determinar aspectos esenciales del tributo, y que conlleven de
alguna manera a anular el poder tributario otorgado constitucionalmente.
El artículo 74º señala como límites al poder
tributario la legalidad, la igualdad, la no confiscatoriedad y el respeto a los
derechos fundamentales de la persona, por cuanto el ejercicio del poder
tributario no es absoluto, sino que la propia Constitución ha incorporado
determinados principios que funcionan como límites para el Estado en materia
tributaria, y que garantizan el pleno goce y ejercicio de los derechos
fundamentales de los contribuyentes.
a) El
Principio de Legalidad, constituye un límite de carácter formal, que implica
que quien tiene el poder tributario debe ejercerlo a través de los órganos
competentes según la Constitución, sobre las materias establecidas en ella y
empleando los instrumentos legales idóneos de acuerdo con el marco
constitucional.
Tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica
por medio de la exigencia de requisitos que deben cumplirse para que el Estado
obtenga de manera legítima la prestación pecuniaria de los particulares.
Con relación a los gobiernos locales, que si bien el
artículo 74º de la Constitución no mencionada expresamente el instrumento legal
mediante el cual ejercen su poder tributario, resulta claro que dado que debe
ser una norma con rango de la ley para dar efectivo cumplimiento al principio
de legalidad, este poder deberá ejercerse a través de una Ordenanza Municipal,
en concordancia con los incisos 4 y 3 de los artículos 195º y 196º de la Carta
Magna.
b) El Principio de
Igualdad, debe tomar en cuenta tres aspectos; el primero tiene que ver
con la imposibilidad de otorgar privilegios en materia tributaria, esto se
identifica con el derecho fundamental de la persona o la igualdad ante la ley.
El segundo aspecto está relacionado con el principio de generalidad que implica
que el tributo debe aplicarse a todos aquellos que incurran en el hecho
generador definido en la norma; asimismo, este principio se encuentra ligado al
principio de uniformidad, que supone que la norma tributaria grave de acuerdo
con las distintas capacidades contributivas.
Este principio no prohíbe de manera absoluta
establecer tratos desiguales en materia tributaria, sino sólo aquellos que
carezcan de causas objetivas y razonables.
c). El Principio de No Confiscatoriedad, protege la
propiedad previniendo que una ley afecte gravemente el patrimonio de la
persona, este principio asume gran importancia tratándose de impuestos, ya que
impide que el Estado en uso de su potestad tributaria, cree tributos que
absorban parte sustancial del patrimonio
de las personas.
d). El Principio del Respeto de los Derechos
Fundamentales de la Persona, reconoce la posición preferente de los derechos
fundamentales. De esta manera; un tributo no puede ser válido si vulnera alguno
de los derechos reconocidos a la persona en la Constitución.
POLEMICA MUNICIPAL, SEMANA DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE
DE 2004.
EDICION Nº 250.
LA POTESTAD TRIBUTARIA EN EL CÓDIGO MUNICIPAL
Los alcances de la potestad tributaria, están dentro
de las clasificaciones tripartida de los tributos, recogida en la Norma II del
Título Preliminar del Código Tributario, aprobado mediante el Decreto
Legislativo Nº 816 del 20 de abril de 1996, cuyo Texto único Ordenado fue
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 135-99-EF, publicado el 19 de agosto de
1999, la norma en cuestión establece que el término tributo comprende los
impuestos, las tasas y las contribuciones.
El tributo es aquella prestación, generalmente una
suma de dinero, que el Estado exige en
virtud de su poder de imperio y cuya obligación de pago surge cuando se produce
el hecho imponible previsto en la ley.
En este sentido, de acuerdo con la Norma II del
Título Preliminar del Código Tributario, el impuesto. “Es el tributo cuyo
cumplimiento no origina una contraprestación directa a favor del contribuyente
por parte del Estado”. El impuesto constituye la prestación en dinero en
especie que establece el Estado conforme a ley, con carácter obligatorio, a
cargo de personas físicas o jurídicas para cubrir el gasto público y sin que
haya para ellas contraprestación o beneficio especial directo o inmediato.
Asimismo, la contribución, “Es el tributo cuya obligación tiene cuyo hecho
generador, beneficios derivados de la realización de obras públicas o de
actividades estatales. “Es el pago por un especial beneficio que produce a un
sector de la población la realización de una actividad estatal de interés
general, siendo esta actividad la que opera como hecho imponible del tributo.
En cuanto a la tasa, “Es el tributo cuya obligación
tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio
público individualizado en el contribuyente”. Este tributo es una
contraprestación obligatoria en dinero establecida por la ley, a cargo de
quienes usan servicios inherentes al Estado y prestados por la Administración
Pública, destinado a sostener el servicio correspondiente y fijado en cuantía
necesaria para cubrir el costo del servicio.
La diferencia entre el impuesto y los otros dos
tipos de tributos está en que el primero es un tributo no vinculado; es decir,
que su hipótesis de incidencia consiste en un hecho independiente de cualquier
actuación estatal; en tanto que la contribución y la tasas son tributos
vinculados a actuaciones estatales preestablecidas y, en ese sentido, los
montos recaudados por dichos conceptos deben ser destinados a cubrir el costo
de las obras y servicios que constituyen los supuestos de la obligación.
A su vez, nos encontramos que las tasas se dividen
en los arbitrios, licencias y derechos. “Los arbitrios vienen hacer las tasas
que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público. Las
licencias constituyen tasas que gravan la obtención de autorizaciones
específicas para la realización de actividades de provecho particular sujetas a
control o fiscalización. Los derechos son tasas que se pagan por la prestación
de un servicio administrativo o el uso o aprovechamiento de bienes públicos”.
IMPUESTOS
MUNICIPALES
Son los tributos creados a favor de los gobiernos
locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la
municipalidad al contribuyente.
Los impuestos municipales son exclusivamente los
siguientes:
- Impuesto Predial
- Impuesto de Alcaldia
- Impuesto al Patrimonio Vehicular
- Impuesto a las Apuestas
- Impuesto a los Juegos
- Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos
- Impuesto a los Casinos de Juego
- Impuesto a los Juegos de Máquina Tragamonedas.
CONTRIBUCIONES
Son los recursos financieros que se obtienen
mediante los pagos efectuados para compensar beneficios derivados de la
realización de obras públicas o de actividades municipales.
Grava los beneficios de la ejecución de obras
públicas, para este efecto las municipalidades deben emitir las normas
procesales para la recaudación, fiscalización y administración de las
contribuciones.
El cobro por la contribución especial de obras
públicas procederá exclusivamente cuando la municipalidad haya comunicado a los
beneficios, previamente a la contratación y
ejecución de la obra, el monto aproximado al que ascenderá la
contribución.
TASAS
MUNICIPALES
Las tasas municipales son los tributos creados por
los concejos municipales, cuya obligación tiene como hecho generador la
prestación efectiva de un servicio público o administrativo, reservado a las
municipalidades de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades.
No es tasa el pago que se recibe por un servicio de
índole contractual.
- Tasas
por servicios públicos o arbitrios:
Son las tasas que se pagan por la prestación o
mantenimiento de un servicio público individualizado en el contribuyente. Las
tasas por este concepto se calculan en función del costo efectivo del servicio
prestado.
Las municipalidades pueden imponer los siguientes
arbitrios:
- -
Arbitrio
de Limpieza Pública
- -
Arbitrio
de Parque y Jardines
- -
Arbitrio
de Relleno Sanitario
- -
Arbitrio
de Serenazgo
- Tasas por Servicios Administrativos o Derechos:
Son las tasas que debe pagar el contribuyente a la
municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos administrativos o
por el aprovechamiento particular de bienes de propiedad de la municipalidad.
Las tasas por este concepto no excederán del costo de prestación del servicio
administrativo y su rendimiento será destinado exclusivamente al financiamiento
del mismo.
Las tasas que
se cobren por la tramitación de procedimientos administrativo sólo será
exigible al contribuyente cuando conste en el correspondiente Texto único de
Procedimientos Administrativos (TUPA).
- Tasas por Licencias de Apertura de Establecimientos:
Son las tasas que debe pagar todo contribuyente por
única vez para operar un establecimiento industrial, comercial o de servicios.
Tratándose de cambios de zonificación que apruebe y
publique la municipalidad, las autorizaciones para apertura de establecimientos otorgados, caducarán al
quinto año siguiente de producido el referido cambio de Zonificación.
- Tasas por Establecimiento de Vehículos:
Son las tasas que debe pagar todo aquel que
estacione su vehiculo en zonas comerciales de alta circulación conforme lo
determine la municipalidad del distrito, con los limites que determine la
municipalidad provincial y en el marco de las regulaciones sobre tránsito que
dice la autoridad competente del gobierno central.
- Tasa de Transporte Público:
·
Son
las tasas que debe pagar todo aquel que preste servicio público de transporte
en la jurisdicción de la municipalidad
provincial, para la gestión del sistema de tránsito urbano.
POLEMICA MUNICIPAL, SEMANA DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE
DE 2004.
EDICION Nº 251.
