Cuando analizamos los principales indicadores productivos, sociales,
políticos y económicos del país encontramos que en la ciudad de Lima, se centra
toda la vida económica del país. El 97% de la decisiones sobre gastos estatales
se toman en ella, el 97% de los servicios crediticios y financieros se deciden
de la misma manera, se recauda el 96% de los
impuestos y está concentrada, el 80% de la inversión privada, 75% del PB
Industrial, el 55% de los trabajadores estatales.
En el terreno del reordenamiento institucional, es evidente que se
requiere especificar las funciones que los distintos órganos del gobierno
descentralizados y centralizados deben tener en el futuro en el ordenamiento básico
del país, donde legislar debe seguir siendo la tarea principal del Congreso
Nacional, dictando las Ley de Marco de Descentralización, la Ley Orgánica de
Creación de las Regiones, Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley de Elecciones
Regionales y Municipales.
La autonomía y vida propia de las regiones son la base para que el
país cuente con ciudadanos formados para pensar y decidir independientemente
con iniciativa propia, lo que constituye la fuente esencial de riqueza y valor
de un pueblo. Se requiere delimitar con claridad las funciones de los diversos
estamentos de gobierno, los gobiernos locales, las regiones, ver los mecanismos
de capacitación para los funcionarios que trabajen en ellos así como la
asignación de fondos y la captación de recursos propios que pueden tener. La
población considera que es necesario cambiar la pauta que ha caracterizado el
desarrollo nacional, procurando canalizar más inversión hacia el interior
peruano.
La descentralización es un proceso y ello implica una gradualidad. En
otras palabras, que no es un acto instantáneo o inmediato, sino que exige un
tiempo del cual se promueva el efecto deseado. Se trata de un proceso que debe
conducirse, sustantivamente en el que el cambio de modelo de crecimiento hacia
una economía social y de mercado que permita la emergencia de fuerzas
económicas locales o regionales, y a su vez, demandar la descentralización del
poder político.
La Descentralización es una nueva etapa de la democracia, y no puede
ser reducida a un asunto político-administrativo o de ajuste de costos en el
Estado. Es un proceso productivo-social de ocupación y organización del
territorio, con la redistribución democrática del poder, y el reencuentro con
la condición andina ambiental y sus zonas de habitabilidad. El Estado en su
conjunto debe ser Descentralizado, correspondiendo así a una sociedad diversa y
ampliamente distribuida en el espacio, y a un territorio cuya ocupación
requiere formas de organización adecuadas para su gobierno, niveles
descentralizados.
La Descentralización, por tanto, no pueden sustentarse en el
reconocimiento, progresivo o simultáneo, de nacionalidades preexistentes, o de
grupos que uno a uno van accediendo a un estatuto especial de gobierno
descentralizado. Se sustenta en sociedades regionales que emergen en
territorios eco-históricos, constantes a lo largo de los años y diversos en sus
componentes, y que delimitan los ámbitos de gestión del territorio. Esto
supone, al mismo tiempo, incorporar a las formas estatales las singularidades
de etnias andinas y amazónicas, ahí donde tienen vigencia sus formas de
autoridad local.
La base histórica del proceso de la
descentralización está dado por los Departamentos y la ocupación humana del
territorio que ha combinado a lo largo de la historia las zonas de
habitabilidad de los ecosistemas andinos, las relaciones comerciales y los
principales ejes de los sistemas productivos del desarrollo nacional. El
desarrollo de la urbe requiere del desarrollo regional, y la ciudad se
constituye en uno de los actores fundamentales de la descentralización . La
ciudad requiere ser sustentable para lograr desarrollarse. Esta debe ser la
base de una reformulación de relaciones entre los gobiernos regionales y los
gobiernos locales, dos niveles de gobernabilidad indispensables en el nuevo
esquema del país.
La Descentralización requiere una modificación de las relaciones entre
el Estado y la Sociedad. El Estado debe reformularse a un nuevo rol, de ser de
Promoción Estratégica, de ser promotor de las condiciones de la descentralización
en toda la sociedad, dando especial amplitud a los integrantes de las
sociedades regionales para que se afiancen en su autonomía y se eleven a
ejercer sus respectivo niveles de gobierno y lograr el desarrollo de sus
pueblos.
JULIO CÉSAR CASTIGLIONI GHIGLINO
Lima, 26 de agosto de 2002
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