Si el alcalde Alberto Andrade aprueba
una ordenanza municipal para desconocer el cumplimiento de la Ley de
habilitaciones Urbanas, se entablará una contienda de competencia que tendrá
que ser resuelta por el Poder Judicial, opinó ayer el experto en temas
municipales, doctor Julio César Castiglioni.
El especialista, autor del libro “El
Municipio”, que interpreta la Ley Orgánica de Municipalidades, adelantó en
cualquier caso que tal ordenanza, aunque parezca lo contrario, tendría un rango
legal mayor que la Ley de Habilitaciones Urbanas.
Explicó que al tener la comuna una
autonomía no sólo administrativa y económica, sino fundamentalmente política,
consagrada en el Artículo 20, inciso 4, de a vigente Constitución Política
aprovechada por este gobierno, no puede darse una simpe ley que desconozca tal
prerrogativa de los municipios.
“Autonomía política significa que los
gobiernos locales pueden autogobernarse, y emitir ordenanzas que tienen rango
de ley en asuntos de su competencia, como es el de las habilitaciones Urbanas”,
dio a entender Castiglioni.
Interpretando la presunta intención del
Gobierno, refirió que tal autonomía se incluyó en esta Carta Magna (que la
anterior no contemplaba) pensando darle mayores poderes al candidato edil del
Gobierno, Jaime Yoshiyama.
Por otro lado, refirió que la
controvertida ley contraviene una norma de mayor rango, la cual es la Ley Orgánica
de Municipalidades, y que la aprobación de la primera no ha cumplido los trámites
para modificar a esta última en el tema en cuestión.
“Para dejar sin efecto parte de la Ley
orgánica de Municipalidades, se debió realizar una votación por mayoría
calificada, es decir incluyendo el 50 por ciento más uno del total de congresistas
existentes, y no por mayoría simple, que es la votación con los parlamentarios
presentes al momento de votar”, argumento Castiglioni.
En cualquier caso, advirtió que la Ley
de Habilitaciones Urbanas sólo tendrá una saturación de no más de un año, en
vista que el año entrante se aprobará la nueva Ley de Municipalidades, según ha
ofrecido la presidencia de la Comisión de Descentralización del Congreso.
EL SOL, 22 DE NOVIEMBRE DE 1997.
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