Después de publicar una extensa
relación de abogados presuntamente comprometidos con el fujimorato y su mafia
(El Peruano, 6 de mayo de 2002) como corolario del mal comportamiento ético,
moral y deontológico como profesionales del Derecho, hemos recibido cartas,
unas de felicitación y otras aportando nombres y apellidos de abogados que
deben darse a conocer y que, involuntariamente, no incluimos. Esta labor
profiláctica, obviamente, es una lógica consecuencia de la eficiente labor que
realiza la Dirección de Ética Profesional del Colegio de Abogados de Lima, que
preside el doctor Julio César Castiglioni Ghiglino.
Los abogados que no mencionamos
en esa oportunidad son: Estela Valdivia, Ignacio García Escudero, Luis García
Corrochano, Javier Valle Riestra, Edgard Solis Cano, Ramiro de Valdivia Cano,
Augusto Antoniolli, Sandro Fuentes, César Luna Victoria, Ludwing Meier Cornejo.
Algunas cartas insistieron en
la responsabilidad que recae en los abogados y profesores de Derecho como
Fernando de Trazegnies Granda y Alberto Bustamante Belaunde, quienes deben ser
expulsados del Colegio como recientemente lo fue Walter Hernández Canelo. Lo
mismo exigen respecto de la inefable congresista Martha Chávez Cossio, quien
con la leguleyada de presentar certificado médico por enfermedad pretende
burlar al pleno del Congreso para impedir que resuélvala acusación de que es objeto.
Finalmente, también deberá
recaer responsabilidad moral y deontológica sobre los abogados que formaron la
Comisión de Alto Nivel del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos para defender lo indefenible por la clara y permanente violación de los
derechos humanos por el fujimorato. Éstos son Alberto Bustamante, Edgardo
Mosqueira, Milagros Maraví, Aníbal Quiroga, Luis García Corrochano y Rolando
Izaguirre, quienes lucraron del erario nacional. De Trazegnies Granda debió
denunciarlo y renunciar en su oportunidad. Hubiera ganado el conocimiento de
todos los abogados y de la Nación.
JULIO CÉSAR CASTIGLIONI GHIGLINO
LA
QUINTA COLUMNA,
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