El
Poder Judicial como el Ministerio Público viene cometiendo una serie de
excesos, aplicando con criterios equivocados las disposiciones dictadas para
desmontar la red del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres.
El
Ministerio Público viene cometiendo gravísimo error de denunciar a particulares
por los delitos de cómplices, de los delitos de corrupción de funcionarios,
malversación de fondos, peculado y otros, que sólo pueden ser atribuibles a una
persona cuando ostenta la calidad de funcionario público. Por ello el Código
Penal los encuadra dentro del capítulo de delitos cometidos por funcionarios
públicos; un particular no puede cometer estos delitos por su propia condición,
podrá cometer otro delito pero no los delitos imputables a los funcionarios
públicos, que sólo se aplican por la condición que éste ostenta.
Sin
embargo, se vienen formulando denuncias sin ningún criterio técnico jurídico
por parte del Ministerio Público, quienes han demostrado tener grandes
limitaciones en la interpretación y análisis de las leyes existentes, lo cual
al parecer es producto de la presión que ejerce sobre los fiscales el
procurador José Ugaz, lo que pone en grave riesgo no sólo la credibilidad de la
que debe gozar el Ministerio Público como titular de la investigación, de la
acción penal y de la carga de la prueba, sino los procesos iniciados corren el
riesgo de ser archivados o los
denunciados de ser absueltos, por cuanto en la mayoría de los casos según lo ha
reconocido el propio procurador, existen problemas de tipicidad, es decir si el
hecho es atípico no constituye delito. “NULLA PENA, NULLA CRIME SINE LEGE”.
Lo
más grave del caso es que éstas denuncias
son amparadas por el Poder Judicial, los cuales optan por lo más fácil
cual es aperturar instrucción con mandato de detención transgrediendo
flagrantemente lo dispuesto en el artículo 135 del Código Procesal Penal y lo
dispuesto en el Oficio Circular N° 01-95-SPCSJ y el Oficio Circular N°
007-95-SGCSJC emitidos por la Corte Suprema y la Corte Superior de Lima,
respectivamente, donde se precisa claramente que para dictar mandato de
detención deben de concurrir necesariamente tres requisitos: que existan
suficientes pruebas de la comisión del delito, que la pena a imponerse sea
superior a los cuatro años y que exista peligro procesal; es decir, peligro de
fuga, hecho que no sucede en la mayoría de los casos, por cuanto disponiendo
del impedimento de salida del país se supera este peligro. Con estas actitudes
se vienen violando los principios de favoralidad, de presunción de inocencia,
de excepción de la detención y la libertad
como regla.
El
Ministerio de Justicia, Diego García Sayán, reconoció que en el caso de la hija
del procesado Vladimiro Montesinos y la del alcalde de Miraflores, Luis Bedoya
de Vivanco, se cometieron excesos, lo cual es grave por cuanto tal afirmación
proviene del propio representante del Estado y pone en tela de juicio a nivel
internacional la actitud asumida por las autoridades peruanas que en el Perú
deben primar la vigencia de los derechos humanos, más aún cuando el primer
Ministro ha sido secretario general de las Naciones Unidas, y se debe dejar de
lado el ensañamiento, la carnicería, la venganza y la cacería de brujas.
El
presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mario Urrelo, reconoció que las
leyes especiales para estos casos conlleva a situaciones de excesos: de igual
manera manifestó que se respetará el principio del juez natural para todo tipo
de procesos, hecho que posteriormente ha sido destacado por el presidente de la
Corte Superior de Lima al nombrar jueces especiales y una sala especial para
los casos vinculados al procesado Montesinos, trasladando los procesos y los
expedientes de juzgados en juzgados.
Al
parecer esto habría sido la causa para que lo separen del ejercicio de la
presidencia con pretexto de una beca en el exterior. Sin embargo, fuentes bien
informadas señalan que esta supuesta capacitación de salas obedecerían a sobre
él no podía ejercer presión el procurador Ugaz para manejar los procesos según
su capricho conjuntamente con el ministro García Sayán.
Connotados
penalistas, como Luis Lamas Puccio, Javier VillaStein, Luis Roy Freire, han
deplorado la actitud del ministerio Público, que sin tener mayores elementos de
juicio valorativos de tipicidad, formula denuncias penales, las cuales no
tienen ningún sustento jurídico.
Es
deplorable la actitud del procurador Ugaz, que un día adelanta opinión, al día
siguiente cambia su versión, y al tercer día señala una tercera versión sobre
el mismo caso, llegando al extremo de calificar a los denunciados como
delincuentes, contraviniendo flagrantemente lo dispuesto por nuestra
Constitución Política del estado, en el sentido de que toda persona se
considera inocente mientras no se haya probado su culpabilidad, y esta sólo se
logra al término del proceso penal y mas no antes. La función del
procurador-parte civil es la de proteger los interés del Estado y mas no
convertirse en protagonista principal de una novela con guiones preestablecidos
y manejados desde el Ministerio de Justicia para perjudicar a unos y favorecer
a otros. Al parecer se han cambiado de nombres, pero no de estilo y el ministro
García Sayán cada día está más cerca de ser el Vladimiro Montesinos del régimen
de transición que preside el doctor Valentín Paniagua, quien con su silencio
avala cada uno de estos hechos.
No
estamos pidiendo que no se investigue y que no se castigue los actos de
corrupción debidamente probados, lo que la ciudadanía exige es una
investigación seria, transparente sin aprovechamiento político, sin ánimo de
figurar, sin presión del Parlamento, so pretexto de investigar cuando los casos
ya están en el Poder Judicial, que se traigan a los verdaderos responsables,
que se extradite al ex presidente
Fujimori y se ubique al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, que se levante sus cuentas
bancarias, que se muestren las cuentas que se dicen que existen sobre el
narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas, extorsión; en tanto no se
produzca ello sólo se están arrojando a la arena a los menos implicados o los
que han tenido una participación menor para que sean devorados por las fieras
al igual que el circo romano, y en tanto siga la función de los principales
responsables no hay nada.
JULIO CESAR CASTIGLIONI GHIGLINO
EXPRESO,
09 de junio del 2010.
No hay comentarios:
Publicar un comentario